Con la atención internacional puesta sobre México por la celebración del Mundial de Fútbol, Amnistía Internacional (AI) afirmó que el asesinato de la activista Patricia Negrete Tafoya evidencia el fracaso del Estado para proteger a quienes buscan a familiares desaparecidos y exigió una investigación que contemple su labor como buscadora como una línea prioritaria.
La organización defensora de los derechos humanos condenó el homicidio de Negrete, integrante del colectivo Una Promesa por Cumplir, ocurrido en Pénjamo, Guanajuato (Centro-Occidente de México). La activista buscaba desde 2021 a su hermana, Laura Angélica Negrete Tafoya, desaparecida en ese municipio, al tiempo que acompañaba a otras familias en la localización de personas desaparecidas.
En declaraciones a la agencia EFE, Edith Olivares, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, aseguró que el crimen refleja la falta de acciones efectivas por parte de las autoridades para proteger a quienes realizan una labor que, sostuvo, corresponde al Estado. “Con todos los focos y los ojos puestos en estas fechas en México, el Estado mexicano no ha podido impedir el asesinato de Patricia Negrete, y no lo pudo impedir porque no lo ha intentado”, afirmó Olivares.
Amnistía exige una investigación independiente y protección para las buscadoras
Tras el asesinato, Amnistía Internacional pidió a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato realizar una investigación inmediata, exhaustiva, independiente e imparcial que considere desde el inicio la actividad de Patricia Negrete como buscadora y agote todas las líneas de investigación.
La organización también demandó que las autoridades identifiquen y lleven ante la justicia tanto a los autores materiales como intelectuales del crimen, además de garantizar la reparación integral del daño a la familia de la víctima y continuar con la búsqueda de Laura Angélica Negrete Tafoya.
Para Olivares, el homicidio no puede entenderse como un caso aislado, sino como parte de un patrón de violencia contra personas que buscan a familiares desaparecidos en un contexto marcado por la impunidad y la falta de protección institucional. Amnistía Internacional sostiene que las familias han tenido que asumir una responsabilidad que corresponde al gobierno mexicano, exponiendo su integridad física, sus recursos económicos e incluso sus vidas para localizar a sus seres queridos.
La organización ha documentado el asesinato de al menos 39 personas buscadoras desde 2010, de las cuales cinco fueron asesinadas durante 2026. Cuatro de esos casos ocurrieron en el estado de Guanajuato.
El drama humano coincide con el millonario despliegue del Mundial de Fútbol, una coyuntura que diversos colectivos civiles han decidido aprovechar para visibilizar ante el público extranjero una tragedia nacional que ya supera las 135,000 desapariciones y acumula más de 72,000 cuerpos sin identificar en instalaciones forenses del gobierno.
Crisis de desapariciones mantiene bajo presión a las autoridades
De acuerdo con Amnistía Internacional, las mujeres representan nueve de cada diez personas buscadoras en México y el 97% ha sufrido amenazas, agresiones o algún tipo de violencia relacionada con su labor. Por ello, la organización solicitó que el asesinato de Patricia Negrete sea investigado con perspectiva de género y que las autoridades valoren la apertura de una carpeta por feminicidio, al considerar que ello permitiría preservar pruebas esenciales desde las primeras etapas de la investigación.
La Fiscalía de Guanajuato informó previamente que el caso fue abierto como homicidio, luego de que Patricia Negrete fuera asesinada a balazos el pasado 23 de junio en Pénjamo. México enfrenta una de las mayores crisis de desapariciones de su historia.
En este contexto, diversos colectivos han aprovechado la atención internacional generada por el Mundial para realizar manifestaciones y visibilizar la crisis humanitaria. Sin embargo, Olivares advirtió que presentar estas protestas como un intento de dañar la imagen del país contribuye a estigmatizar a las familias buscadoras y aumenta los riesgos que enfrentan.
Amnistía Internacional señaló que más de 30,000 personas han respaldado una campaña impulsada por la organización para exigir mayores medidas de protección para quienes buscan a sus familiares desaparecidos, al insistir en que el Estado mexicano debe garantizar su seguridad, el acceso a la justicia y el derecho de las víctimas a conocer la verdad.
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