Reportan la detención de Inés Gómez Mont en Florida ocurrida este 30 de octubre. La expresentadora se encontraba fuera del alcance de la justicia mexicana desde 2021, año en que se emitieron órdenes de aprehensión en su contra por presuntos delitos financieros.

De acuerdo con la información disponible por parte de los medios Milenio y El Siglo de Torreón, la captura se habría producido cuando el caso parecía haber tomado otro rumbo. Apenas un mes antes, las fichas rojas de Interpol contra Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, habrían sido retiradas, aunque las órdenes de aprehensión y las investigaciones de la Fiscalía General de la República seguían vigentes en México.

Hasta ahora, la información sobre la detención aún requiere confirmación y detalles por parte de autoridades de Estados Unidos y México. Entre los puntos pendientes se encuentran: la corporación que habría realizado el arresto, el lugar donde la expresentadora quedaría bajo custodia y el procedimiento que podría definir un eventual traslado a territorio mexicano.

¿Qué cargos enfrenta? 

En México, Gómez Mont enfrenta una orden de aprehensión por presuntos delitos de delincuencia organizada, peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Estas acusaciones forman parte de procesos judiciales en curso y deberán resolverse ante las autoridades competentes.

Las órdenes de captura contra la conductora y Álvarez Puga fueron libradas en septiembre de 2021. Desde entonces, ambos quedaron vinculados a investigaciones por un presunto esquema de desvío de recursos federales. La pareja habría salido de México ese mismo año y, en octubre de 2021, Interpol habría emitido fichas rojas a solicitud de las autoridades mexicanas para facilitar su localización internacional.

Un posible traslado de Gómez Mont a México no sería automático. Su situación dependería de los procedimientos abiertos en Estados Unidos, de los cargos que se consideren para su retención y de las gestiones que promuevan las autoridades mexicanas.

Si la detención se confirma en todos sus alcances, representaría el primer momento público en años en que la expresentadora queda frente a una autoridad. También obligaría a definir si permanece en Estados Unidos bajo un proceso local o si queda en ruta hacia México para responder por las órdenes que la mantienen bajo investigación.

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